El Gobierno y el CGPJ cierran la ‘UCI’ de las empresas

Abogados en Madrid y Abogados en Bilbao

Lo que hay ahora en vigor no es tanto una suspensión de la obligación de solicitar el concurso, sino una imposibilidad fáctica de que éste se declare.

La suspensión temporal de la obligación de solicitar el concurso contenida en el artículo 43 del Real Decreto Ley 8/2020 publicado el pasado miércoles fue universalmente bien recibida. En efecto, parece sensato que, en estas difíciles circunstancias, se exima temporalmente a las sociedades en situación de insolvencia de la obligación de solicitar el concurso, sobre todo teniendo en cuenta que el retraso de dicha solicitud puede acarrear la eventual responsabilidad de los administradores por el déficit concursal. Que el plazo para la solicitud del concurso se alargue dos meses desde el fin del estado de alarma es una buena medida, como lo es la extensión del plazo de duración de la llamada “comunicación de pre-insolvencia” del artículo 5 bis de la Ley Concursal.

Igualmente sensata parece la previsión de que los juzgados no admitan a trámite solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores hasta el fin de ese plazo de dos meses tras la terminación del estado de alarma. Salvo que en realidad tal previsión no era del todo necesaria porque la actividad judicial concursal ya estaba suspendida y tal suspensión acarrea efectos adicionales no tan sensatos.

En efecto, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo suspendió los plazos procesales y el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la misma fecha toda actividad judicial salvo los “servicios mínimos” entre los que no se encuentra la práctica concursal. De este modo, lo que hay ahora en vigor no es tanto una suspensión de la obligación de solicitar el concurso, sino una imposibilidad fáctica de que éste se declare. Y esto no es tan buena idea. El concurso es la “UCI” de las empresas: cuando éstas están “enfermas de insolvencia” la Ley Concursal ofrece cierta protección, protección que justamente ahora parece no estar disponible.

En los primeros años de vigencia de Ley Concursal los expertos se quejaban de la enorme cantidad de concursos que acababan en liquidación y muchos lo achacaban a que, en España, se solicitaba el concurso demasiado tarde. No hay que cometer ese error. La declaración de concurso conlleva, entre otras cosas, la suspensión del devengo de intereses (salvo de los créditos garantizados), la no compensación de deudas, la posibilidad de resolver contratos en interés del concurso y rehabilitar créditos si fuera necesario, la suspensión de las ejecuciones singulares y otra serie de medidas destinadas a favorecer la continuidad de la empresa, proteger su masa activa y proceder al pago ordenado de sus deudas. Pero para que todo eso se dé, se necesita un auto judicial de declaración de concurso. Sin acceso a ese auto judicial la protección que ofrece el concurso se pierde. El único hueco posible es que el acuerdo del CGPJ exceptúa de la suspensión “una actuación judicial que, de no practicarse, pueda causar un perjuicio irreparable” y el Real Decreto 463/2020 deja al criterio de los jueces o tribunales el determinar qué es o no esa actuación judicial necesaria para evitar perjuicios irreparables. ¿Lo será la declaración de concurso?

En relación a los institutos pre-concursales, tampoco parece posible la obtención, dada la suspensión de actuaciones judiciales, del auto de homologación de los acuerdos de refinanciación previstos en la Disposición Adicional 4ª y probablemente tampoco el decreto del secretario judicial al que hace referencia el 5bis. La Comisión Permanente del CGPJ, confundiendo suspensión de plazos con suspensión de actividad, acordó el 17 de marzo “extender el alcance de la suspensión de los plazos procesales prevista en el Real Decreto 463/2020, con carácter general, a aquellos plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de obligaciones legales con proyección procesal y, en particular, a los que rigen para la presentación de solicitud de concurso, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 43.1 del Real Decreto ley 8/2020”. Deudores en insolvencia: la UCI está cerrada.

Mientras tanto el Consejo de Ministros de ayer se limita a pedir al Consejo de Estado un dictamen urgente sobre el Anteproyecto del Texto Refundido de la Ley Concursal que lleva “en cocina” desde marzo del año pasado. ¿De verdad que la solución a lo que estamos viviendo es un texto refundido de lo que ya teníamos?

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