Las acusaciones particulares del caso Gescartera muestran su “satisfacción” por la sentencia

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Los abogados de las cerca de 40 acusaciones particulares del “caso Gescartera” han mostrado su “satisfacción” con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y han anunciado que no interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, el abogado Andrés Vilacoba, que representó a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (MUPOL), a varias órdenes religiosas y afectados particulares durante el proceso penal. Se trata de la acusación particular con más representados. Vilacoba destacó la importancia de haber conseguido que el tribunal condene como responsables civiles a Caja Madrid Bolsa y “La Caixa”, lo que “asegura que los clientes recuperen el dinero”. La sentencia les condena a cubrir los 87,9 millones del dinero defraudado, sumados los intereses por los siete años transcurridos. Sin embargo, el pago a los afectados se retrasará hasta que el Supremo haga firme la sentencia, tras resolver los recursos de casación que presenten las defensas, así como las dos entidades condenadas, tal y como anunciaron el jueves tras conocer el fallo. “Es una causa con prioridad para la resolución de los recursos por haber condenados en prisión provisional”. Por esta razón, el Alto Tribunal podría resolver los recursos en un plazo estimado de “un año y medio”, explicó el abogado. Vilacoba afirmó que Gescartera “no era un chiringuito financiero”, porque estaba registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “El problema es la quiebra de confianza en los organismos supervisores”, matizó. Asimismo, destacó que los 50,22 millones de euros del agujero patrimonial detectado por la Fiscalía Anticorrupción “siguen sin aparecer” lo que supone el “principal problema” de los delitos económicos en España. “Nunca vamos a estar cubiertos al 100 por ciento contra las estafas”, puntualizó. Tras la intervención de la CNMV sobre Gescartera en julio de 2001, Vilacoba consiguió que el entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrígo Rato, accediera a que el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) diera cobertura a los afectados. Los afectados por Gescartera recibieron 26 millones de euros de indemnización del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) (con un tope legal de 20.000 euros por caso).

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